El Amparo constituye una garantía constitucional esencial para proteger el derecho a la salud cuando el acceso a medicamentos especializados es negado o retrasado. En Guatemala, este mecanismo permite exigir una respuesta inmediata del Estado en situaciones donde la vida y la integridad están en riesgo, asegurando que la salud se materialice como un derecho efectivo y no solo como una declaración formal